Impuestos y Exenciones en tiempos de crisis

Mientras que en distintos países del mundo se ofrecen estímulos o exenciones fiscales como una política que ayude sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas que se verán afectadas por el Covid-19, en México se exhorta a los contribuyentes a no dejar de pagar sus impuestos.

El mensaje no sorprende, el presidente ha sido enfático desde el primer día de su gobierno en lo que respecta al tema fiscal, el mensaje desde la presidencia nunca ha sido uno que pretenda gustar a los empresarios mexicanos, por el contrario, el desgaste que sufre la relación entre el sector privado y el gobierno de la 4T es cada vez mayor. La política del presidente se encuentra encaminada al fortalecimiento del Estado como la mejor vía para reducir la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, el impacto económico que representa el Covid-19 debe ser abordado desde ambas visiones. Por un lado el Estado Mexicano se encuentra ante la difícil, casi imposible tarea de, al igual que otros miembros de la OCDE, mitigar los efectos económicos que ha traído consigo la pandemia, el problema es que en su mayoría, los países miembro de la OCDE no se encuentran con los problemas presupuestarios, de corrupción, poblacionales y de pobreza con los que se topa el Estado Mexicano.

El mensaje se entiende desde el planteamiento de Estado que gusta al presidente y a los miembros más arraigados a la ideología estadista de la 4T, primero el Estado. Sin embargo, en tiempos del Covid-19 el mensaje esta equivocado.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 72% del empleo nacional, mientras que dentro de estas, las micro empresas representan aproximadamente el 95%.

El sector privado busca estímulos principalmente en el pago del Impuesto Sobre la Renta, el cual representa el mayor problema de liquidez, sobre todo para las personas morales que pagan sus impuestos al devengo y no con flujo de efectivo, por otro lado, las personas físicas, las cuales comúnmente tienen menores ingresos que las morales, se topan con el conflicto de ceder parte de sus tan necesitadas utilidades al fisco federal. Por último, Las grandes corporaciones han creado ya esquemas fiscales lo suficientemente exitosos para no afectar sus operaciones a causa del cumplimiento de sus obligaciones fiscales durante la pandemia, pero ¿y las micro y pequeñas empresas?

Resulta complicado imaginar que el Ejecutivo Federal considere exenciones o prórrogas en cuanto a ISR se refiere, ya que este representa para la Federación aproximadamente el 30% de sus ingresos totales esperados para este ejercicio fiscal. No obstante, existen otras contribuciones federales sobre las cuales podrían decretarse apoyos para el sector privado,  por ejemplo: subsidios temporales a las contribuciones en materia de seguridad social y vivienda, eliminación de multas o recargos por pagos extemporáneos, permitir temporalmente la compensación universal, así como la disminución de las tarifas arancelarias en materia de importaciones.

Así pues, el Ejecutivo Federal no debe permitirse en su afán de no ayudar a unos pocos, terminar sin apoyar a nadie, debiendo pensar que la mayoría de los contribuyentes no son grandes empresas, sino micro o pequeñas empresas, por lo que si el enfoque de su discurso es correcto, los estímulos fiscales, aunque pudieran terminar por auxiliar a unos cuantos grandes contribuyentes, son en realidad las micro, pequeñas y medianas empresas quiénes más podrían verse beneficiadas, las cuales además de contribuir con más del 50% del Producto Interno Bruto, no pueden considerarse dentro de ese 1% de la población beneficiada por las políticas neoliberales. Por ello, el Ejecutivo Federal no debe dudar en apoyar realmente a los que más lo necesitan, considerando además que son estas empresas quienes representan el 72% del empleo nacional y que si no son utilizados los instrumentos fiscales que tiene a su disposición el Estado como una medida real de mitigación al impacto económico que se vive durante y posterior a la pandemia, la recaudación del presente ejercicio fiscal obtendrá cifras muy por debajo de lo esperado, se perderán mas empleos y se promoverá aún mas la informalidad.

Así pues, no es factible pretender que las micro, pequeñas y medianas empresas se mantengan al margen en el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales y laborales bajo las circunstancias económicas actuales y futuras que se ven drásticamente afectadas por causas de fuerza mayor, siguiendo así uno de los principios jurídicas más importantes, “impossiblium nulla obligatio” a lo imposible nadie está obligado. De acuerdo con el Doctor Luis Javier Moreno Ortíz en su escrito “La Encrucijada del Poder”, el postulado significa: “Si lo imposible no puede ser, resulta obvio que deber serlo o deber hacerlo tampoco puede ser. De ahí que, como hace mucho tiempo sentenciaron los antiguos: nadie está obligado a lo imposible. Por firme y fuerte que sea el poder, o por legítimo o correcto que se estime su ejercicio, o por cualquier otra consideración dada o por dar, siempre acaba destruyéndose cuando se topa con el infranqueable obstáculo de los límites de la posibilidad. El poder se torna impotente y absurdo cuando aspira a lo imposible.”